Trama

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2015

2018

2020

2028

2030

Resumen del escenario

En este escenario, la democracia se ve apropiada en buena parte de América Latina por la influencia depredadora del comercio ilícito que prevalece sobre la acción del gobierno o convive con ella. Los ciudadanos oscilan entre el cinismo y en unos casos la desesperanza, allí donde el territorio es gobernado de facto por el crimen organizado que impone fuerza y muestra cierto hálito de prosperidad temporal, y en otros casos el terror, allí donde el territorio se encuentra en disputa. El sistema de toma de decisiones políticas se vuelve funcional a una serie de intereses opacos que disfrazan sus verdaderas intenciones detrás de imaginarios y demandas ciudadanas legítimas. La corrupción se consolida como el modus vivendi de políticos, empresarios y criminales por igual, que viven y prosperan a la sombra del Estado. Las actividades ilícitas reconfiguran no solo el monopolio del poder estatal sino también la actividad empresarial legítima y las pautas de convivencia en ciudades y barrios. Tres lustros de violencia consolidan territorios fuera del control de los Estados nacionales y, aún más grave, algunos Estados fallidos que la comunidad regional e internacional solo trata de contener. El destino común de las democracias de la región está en vilo. Es el escenario de la violencia, el miedo, la sensación de derrota y el secuestro de la democracia.

Características

Estructura de poder

Predomina el poder del crimen organizado.

Instituciones democráticas y cultura política

Las instituciones se ven menoscabadas y se establecen estructuras de gobernanza que debilitan los ideales democráticos en muchos territorios. El crimen organizado penetra al Estado y a los poderes judiciales. La corrupción y la impunidad son generalizadas.

Participación ciudadana

La ciudadanía se caracteriza por el temor, la auto-censura y los dobles estándares, y los valores cívicos se degradan.

Desarrollo económico e inclusión social

La pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental se ven exacerbadas y los mecanismos redistributivos del Estado son inoperantes. El potencial productivo de la región se reduce significativamente.

Integración regional

El crimen organizado se beneficia de las redes integradas regionalmente, mientras que los acuerdos inter-gubernamentales son demasiado lentos y no pueden seguirle el ritmo.

Desde 2015 se registra un alejamiento aún mayor entre los partidos políticos y los ciudadanos. Las finalidades ideológicas y programáticas de los primeros se convierten cada vez más en instrumentos funcionales de la corrupción y el crimen. Son ahora maquinarias electorales, oportunistas y clientelistas financiadas por el crimen organizado y los poderes fácticos de empresarios que deben sus fortunas a la permanente connivencia con las debilidades del Estado. Como los partidos van logrando mayores ingresos y mayor capacidad de convocatoria, sofocan con frecuencia las iniciativas de ciudadanos bien intencionados pero sin los medios suficientes para que su mensaje cale en la población. Los paradigmas añejos de la política tradicional se afianzan como la regla común, y se popularizan así premisas como “un político pobre es un pobre político”. Una vez llegan al poder, los representantes deben rendir cuentas y ser funcionales a los intereses privados de quienes los financiaron y encumbraron.

En todo caso, desde 2015 se hace evidente en varios casos que el creciente vacío estatal no significa la desaparición de la burocracia: lo que va quedando es una estructura administrativa rudimentaria, con estrechos márgenes de acción política, con muy limitada capacidad de ejecución y sin mecanismos ni incentivos para su profunda renovación. Mientras tanto, los grupos especialmente vulnerables siguen a la deriva, sin una atención enfocada del Estado para prevenir su inserción en el mundo de la ilegalidad. Y, sobre todo, no existe en muchos países de la región la suficiente voluntad política para aprender de los errores del pasado, trazar una visión colectiva que depure la administración pública y afrontar la lucha contra el crimen con una combinación de pragmatismo, responsabilidades comunes, transparencia y prevalencia de los derechos y garantías fundamentales propias de un Estado democrático.

La desunión y la ausencia de visión y de voluntad política se hacen visibles, por ejemplo, en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada al tema de drogas de 2016 (UNGASS, por sus siglas en inglés), ocasión que muchos consideran propicia para llegar con una posición en bloque que permita impulsar eficazmente ciertas reformas a las políticas de drogas que tanto impacto tienen en la estabilidad de la región. Sin embargo, desde los gobiernos latinoamericanos prima en algunos casos la pasividad, en otros la conveniencia, en otros más el fundamentalismo moral y en todos la ausencia de audacia. En muchos de ellos cunde la aprensión a impulsar opciones diferentes por temor a sanciones económicas internacionales o, sencillamente, ceden a la consuetudinaria oposición de la opinión pública latinoamericana a las reformas de las políticas de drogas y a la regulación de la marihuana. Ello impide llegar a la cita con consensos mínimos regionales en materia de enfoques alternativos para enfrentar un problema que por definición es transfronterizo y que por ello requiere soluciones que trasciendan la figura de los estados nación. Poco se logra al final de la sesión, a pesar de que en otras latitudes sí se suscriben consensos mayoritarios al respecto, refrendados democráticamente, particularmente en lo que concierne a las políticas de reducción del daño y a la necesidad de asumir el consumo como un problema de salud y no penal.

El paradigma legal e institucional de lucha contra las drogas que se dirige al combate militar contra la oferta y que impera desde hace varios años en la región sigue así vigente, con muy contadas excepciones, lo que explica, según muchos estudios, el recrudecimiento de la violencia y la expansión de los vínculos entre los narcotraficantes y el devenir político, económico y social de un grupo creciente de países en la región. De hecho, muchos analistas coinciden en que al finalizar la segunda década del siglo XXI no hay un solo país en América Latina ajeno al radio de acción del tráfico global de drogas. Mientras tanto, el consumo de drogas ilícitas en el mundo sigue constante.

El dilema no se limita solo al narcotráfico. Como sucede con tanta frecuencia en la historia, las amenazas no terminan sino que se transforman, ahora con el respaldo de nuevas tecnologías. Las fortalecidas redes de traficantes perciben que la debilidad relativa o ausencia absoluta de las instituciones democráticas y el poder corruptor del dinero ofrecen incentivos para ir más allá del rentable mercado de estupefacientes. En el mundo hay toda una serie de actividades delictivas cuyas utilidades son tan grandes que hacen que la acción del gobierno sucumba siempre ante la lógica de los mercados ilegales. La década de 2020 en Latinoamérica se caracteriza así, entre otros factores, por la expansión del comercio ilícito de armas de toda clase, de objetos falsificados, productos piratas e ideas robadas, de metales preciosos, de órganos humanos y de personas indocumentadas y/o esclavizadas. A tono con las nuevas tendencias mundiales, la ciberdelincuencia, relacionada con crímenes digitales como el hurto, la extorsión y el espionaje se arraiga más en la región. Se redoblan los ciberataques a entidades públicas y a empresas y se divulga una nueva especie de delincuente con poder de desestabilización: el “cibercapo”, que opera en la cúspide de un cartel digital con creciente fuerza en la clandestinidad. Los recursos naturales son objeto de una explotación descontrolada, con el correspondiente perjuicio en el abastecimiento del agua. La poderosa lógica amoral del mercado ilícito se extiende con la velocidad del fuego, sin que los gobiernos sepan cómo extinguir el incendio. En algunos casos, incluso, no hay un interés real de extinguirlo gracias a la presión e influencia política de los traficantes.

El número de homicidios y desapariciones atribuibles al tráfico ilícito entre 2020 y 2030 alcanza cifras epidémicas sin precedentes incluso en el perturbador contexto latinoamericano de comienzos de siglo. Los fenómenos de violencia criminal que eran comunes en partes de México, Colombia y los países del Triángulo del Norte se extienden y son ahora pan de cada día en un alarmante porcentaje territorial de la región, aun a pesar de su complejidad demográfica y geográfica. La región se posiciona de nuevo y reiteradamente como la región más violenta y mortífera del mundo.

El crimen organizado es un poder de facto en un número cada vez mayor de localidades y territorios, en donde los servicios públicos brillan por su ausencia. Millones de latinoamericanos deben doblegarse ante las condiciones de los criminales, que imponen sus propias reglas en materia de justicia, fiscalidad y seguridad. O se doblegan o intentan irse. Los impuestos legales se reemplazan por extorsiones. Los mecanismos de solución de conflictos y controversias se basan ahora más en la fuerza que en el derecho. Se construyen nuevas infraestructuras deportivas financiadas con dinero ilícito. En suma, el crimen organizado suple a su propio arbitrio las carencias de la ausencia de Estado. Los criminales buscan legitimar su presencia en la sociedad y en muchos casos lo logran. En numerosos ejemplos se expresa descarnadamente el problema de la criminalidad pero también hay otros en los que las actividades normales funcionan debidamente, aun sin el amparo estatal, como el turismo, el comercio y los carnavales. Se produce así la paradoja del crimen organizado como generador de paz y estabilidad, que incluso provee bienes públicos y evita espirales significativas de violencia.

Con todo, desde 2025 se multiplica exponencialmente el número de análisis y notas de prensa que se refieren a América Latina como la región en la que, como nunca antes en la historia, se han socavado formas de gobierno construidas sobre ideales democráticos. Los casos de secuestro de la democracia pasan poco a poco de ser anomalías aisladas, a ser la regla general en un porcentaje alarmante de territorios y, en casos concretos, de países.

Los jóvenes de zonas marginadas siguen siendo en la segunda década del siglo XXI las principales víctimas y los principales verdugos. Las pandillas urbanas continúan siendo mano de obra barata para los traficantes y crecen gracias a la falta de oportunidades, al abandono escolar y a la necesidad de reconocimiento y pertenencia de muchos jóvenes que no encuentran refugio en otros lados. Ante dichos jóvenes prevalecen sobre todo los ejemplos de la codicia y el dinero fácil, y es entre ellos en donde más se dispara el tráfico y consumo de drogas. Se multiplica la violencia de género y, bajo el arquetipo patriarcal común de fenómenos como el pandillismo, se cierran las oportunidades de progreso y de participación ciudadana a las mujeres, sobre todo a las que viven en zonas rurales. Tales prejuicios se extienden a la población LGTBI, que sufre una represión habitual en este magma social de tanta violencia. Muchos campesinos y pueblos indígenas son desplazados de sus poblaciones y despojados a la fuerza de sus posesiones. Como resultado de todo lo anterior se exacerban en algunos casos los índices de desempleo, pobreza, desigualdad y desequilibrio ambiental.

Con todo, el potencial productivo de la región entre 2015 y 2030 se reduce en un porcentaje equivalente a muchos miles de millones de dólares anuales. Los empresarios legítimos deben competir ahora en condiciones de desventaja y de riesgo personal y familiar con las actividades “blanqueadas” de los traficantes que sirven para el lavado de capitales. Sus empresas sucumben por estar ubicadas en entornos poco atractivos a la inversión, lo que disminuye paulatinamente la oferta de empleo formal. Son las actividades informales las que crecen en forma exponencial. Otros empresarios con menos escrúpulos se prestan ellos mismos al lavado de dinero a través de actividades comerciales legítimas como la construcción, las farmacias y los servicios financieros, entre otras. Entre tanto, la legitimidad del poder judicial se ha debilitado al máximo debido a la coerción, la corrupción, la cooptación y la falta de recursos. El poder judicial deja así de ser uno de los contrapesos de la democracia. El ejército y la policía tampoco son ajenos a las actividades criminales. Muchos uniformados reciben un pago muy superior al de su salario para ignorar las transgresiones a la ley o proteger a los criminales. En algunos casos, durante las horas de servicio sirven a los intereses del crimen organizado bajo la impunidad que les confiere el uniforme, y cuando se lo quitan pasar a ser miembros clandestinos de cuadros medios o inferiores de los ejércitos criminales.

En la sociedad civil se instala con mucha frecuencia el silencio, el temor, la apatía y, a veces, la doble moral. Varios optan por el camino de la migración, especialmente hacia Estados Unidos pero también hacia otros países del continente. Se trata tanto de padres como de menores solos e indocumentados. Tal repunte de la migración rompe la cohesión social básica de vínculos paternales, familiares y afectivos que tratan de ser suplidos sin éxito con remesas y viajes periódicos. Las remesas generan ingresos que permiten sostenerse a algunas familias, pero a la vez tienen efectos colaterales perversos al no propiciar mayoritariamente actividades productivas sino solo el consumo dentro del territorio en que se reciben. También se cuentan por miles los que se refugian en la fe y se asilan en iglesias y cultos religiosos, cuyo funcionamiento y actividades en algunos casos son financiados por los propios traficantes. Los que pueden, la minoría, incrementan el gasto en seguridad privada y en el completo aislamiento del resto de la población por medio de conjuntos residenciales privados que se vuelven la nueva moda entre las élites de la región.

Alrededor de 2025, y ante la ausencia de una concepción transnacional que permita unir fuerzas en torno a la amenaza del crimen, las reacciones a la crisis generalizada son de distinto calibre según cada país. En algunos casos crece el número de ciudadanos hastiados que exigen mano dura, aun si ello implica la renuncia a los preceptos constitucionales y a las políticas de prevención del delito. En esos casos llegan al gobierno personas que, siguiendo una tradición que se creía superada en la región, ejercen el poder en forma arbitraria, prometiendo soluciones populistas de corto alcance, y al mismo tiempo, vulnerando constantemente los derechos democráticos. En otros países, la ausencia de respuestas contundentes por fuera del marco constitucional y legal hace que cada vez más ciudadanos comunes se armen hasta los dientes y se organicen en patrullas o grupos de autodefensa para ejercer la justicia por propia mano, o protagonicen fenómenos de linchamientos, o justifiquen la adopción de cualquier medida de tipo represivo y totalitario por parte de autoridades locales.

En casos concretos se apunta no solo a atacar las consecuencias de la seguridad dentro del marco institucional sino sobre todo las causas, que se relacionan casi siempre con problemas ancestrales de exclusión social. Se desarrollan campañas educativas para crear mayor resiliencia en las comunidades ante la tentación del delito, así como treguas con los grupos de delincuentes o pandillas, que algunos denuncian como una claudicación ante el crimen. Además, se emprenden ingentes esfuerzos para mejorar la infraestructura en los barrios más vulnerables y la calidad de los servicios públicos a cargo del Estado. También se introducen actividades culturales y deportivas en espacios públicos recuperados a los criminales. Sin embargo, el margen de maniobra de dichos gobiernos para enfocarse en las necesidades sociales es muy limitado y las arcas públicas se han disminuido al máximo. Se hace visible una relación perversa: entre mayores son las necesidades sociales debido a la inseguridad, menores son las condiciones económicas y financieras que permiten a los gobiernos afrontar el problema.

Por otra parte, a mediados de la década de 2020 se duplican los casos de ciudadanos que se organizan a través de campañas contra la amenaza criminal. La indiferencia y apatía general contrastan con el trabajo constante de líderes que se pertrechan en minúsculos círculos de resistencia personal y profesional y hacen frente al secuestro de la institucionalidad mediante su activismo y resistencia a vivir siempre bajo la sombra del crimen organizado. Lentamente permea la evidencia de que ni los gobiernos ni sus respectivos países pueden lograr resultados por sí mismos.

A pesar de lo anterior, muchos territorios de la mayoría de países de América Latina llegan así a 2030 sumidos en una crisis de inseguridad que parece no tocar fondo y que se antepone a cualquier otra consideración. Se trata de crisis territoriales que implican un riesgo notable para la desestabilización en el resto de la región. La debilidad de las instituciones, al mismo tiempo causa y consecuencia de la crisis, es en esos territorios más grande que nunca. La corrupción, el crimen organizado y la violencia impiden avances sostenibles en la construcción de un sistema que pueda salvaguardar las garantías democráticas más elementales. Lo que predomina en dichos territorios es la tradicional cooptación del poder. En otros casos impera la alternativa de la mano dura, y en otros sencillamente la anarquía. Se registra un adormecimiento o un adoctrinamiento de la conciencia colectiva. Parece faltar aún algún trecho para entender que la seguridad es un reto compartido, pues su resolución, según muchos, solo puede provenir de un compromiso tanto a nivel hemisférico como nacional. A nivel hemisférico, porque se requiere una acción coordinada ante una amenaza que no conoce fronteras como a nivel nacional. A nivel nacional, porque los estrechos vínculos entre exclusión social y violencia demandan una responsabilidad conjunta para atender prioridades y acordar estrategias sensatas a largo plazo en medio de los límites que imponen las restricciones presupuestales.

Los expertos más reputados en América Latina sugieren con insistencia que en la lucha efectiva contra el crimen debe confluir una mezcla integral de múltiples factores como la prevención, la coerción legítima, la tecnología de punta, la mayor coordinación institucional, el acercamiento a la comunidad, la inversión social, la reducción del daño, la cooperación internacional, la disminución de la rentabilidad de la actividad ilícita, la voluntad política y las reformas al aparato judicial, entre otros. Sin embargo, afirman, no hay atajos: es solo a través de la construcción de un sistema democrático incluyente y transparente que una al Estado, a la ciudadanía y a la comunidad internacional como se puede avanzar gradualmente en la superación del crimen y la violencia. Algunos casos específicos desde 2025 son pioneros en crear las condiciones propicias para esas circunstancias y por eso son la brújula bajo la que se sugiere coordinar la acción reformista de los demás, sin sucumbir ante la tentación totalitaria de los golpes de Estado y la mano dura. La luz de esperanza se asoma por fin al horizonte. Para muchos, la que por décadas ha sido la región más insegura del mundo, ha aprendido por fin la lección al despuntar 2030, pero a un costo excesivamente alto.

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