Trama

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2015

2020

2022

2028

2030

Resumen del escenario

En este escenario, la movilización social consolida su capacidad de interpelar a la democracia y comienza paulatinamente a promover transformaciones de toda índole y de distintos alcances. Factores como el avance permanente de la innovación científica, la expansión de la era del conocimiento, el acceso más amplio a las nuevas tecnologías, la continuidad democrática en la región, la capacidad de articulación de la diversidad y la comprensión de los efectos negativos de las agendas globales y regionales, sumados al aprendizaje generado por logros alcanzados en estrategias de impacto que combinan tecnología, uso del espacio público, incidencia institucional, creatividad y presencia en medios de comunicación innovadores, imponen algunos límites a los abusos de poder público o privado y generan una prematura pero concreta incidencia en políticas públicas que garantiza mayor inclusión social. La movilización social deja así al descubierto en múltiples casos las limitaciones de la democracia, de la institucionalidad y los alcances del estado nación. La comprobación de que las acciones individuales y colectivas de la sociedad, más allá de la acción del Estado, generan cambios sociales puntuales que, de articularse, pueden convertirse en cambios sistémicos o transformaciones de escala para solucionar problemas públicos específicos, renueva el modelo democrático tradicional al combinar la lógica de representación política en las instituciones con la lógica de legitimidad social en la participación. En particular, la organización de esquemas de cooperación horizontal con múltiples actores conduce a un empoderamiento ciudadano más extendido y transparente. A lo largo de 15 años se generan beneficios concretos a partir de las nuevas formas de participación que trascienden la órbita de las instituciones y las convocatorias organizadas por los espacios tradicionales y, al mismo tiempo, se visibilizan los riesgos de cooptación por los poderes fácticos y reales y que la misma tecnología termine limitando su impacto. Es el escenario de la movilización, la presión y la creatividad popular frente al poder tradicional.

Características

Estructura de poder

El poder se ve desconcentrado y el poder tradicional se ve desafiado.

Instituciones democráticas y cultura política

La frustración con la democracia tradicional genera un reto permanente mediante el trabajo estratégico en las redes, la presión popular y la adopción de nuevas tecnologías por parte de los ciudadanos y los movimientos sociales.

Participación ciudadana

La movilización social se amplía mediante nuevos mecanismos de colaboración horizontal y redes paralelas. El Estado está bajo presión. Se cuestiona el voto como medio efectivo de influencia. El empoderamiento social va más allá de los esquemas tradicionales de la democracia representativa a medida que los ciudadanos toman las soluciones en sus propias manos.

Desarrollo económico e inclusión social

Emergen modelos innovadores e incluyentes de desarrollo económico local menos dependientes del Estado.

Integración regional

Nuevas formas de intercambio e integración regionales a través de redes.

Desde 2015 se multiplican las voces en la región que denuncian los límites que se derivan de la noción tradicional de la institucionalidad democrática. Advierten que cualquier iniciativa de reforma en rubros como los de educación, salud, medio ambiente, gestión pública o innovación urbana, entre otros, tiene enormes posibilidades de naufragar en el debate público, manipulado por los intereses particulares y los poderes fácticos, o de que se diluya su sostenibilidad en el tiempo ante la abundancia de deliberaciones y controles que restan efectividad a las políticas públicas. Las mayores expectativas de una creciente clase media en la región con mayor poder adquisitivo y mayor cultura cívica se traducen en una creciente impaciencia ante la lentitud con la que se acogen las propuestas de cambio y se brinda efectiva respuesta a las necesidades ciudadanas. Muchos, además, señalan la imposibilidad de identificarse con los políticos y los partidos tradicionales, ni siquiera allí donde los gobiernos recientemente elegidos tienen aún un prestigio mayoritario.

Lo anterior conduce a un cuestionamiento permanente y cada vez más evidente desde la sociedad civil latinoamericana de la legitimidad y la relevancia del marco institucional actual, sobre todo a la luz de la creciente heterogeneidad de una población que ya no se siente representada por sus propias instituciones. Al mismo tiempo, se cuentan por miles los ciudadanos que se resisten a quedarse cruzados de brazos, sin un rol activo en las cuestiones que más los afectan. La democracia tradicional, en una opinión cada vez más extendida, es incapaz de resolver los problemas estructurales del siglo XXI, como el cambio climático y el aumento de la desigualdad. Como para muchos la democracia no funciona bien y no se emprenden los esfuerzos necesarios para reformarla, la propia ciudadanía es la que debe tomar conciencia de su efectiva capacidad para la transformación social.

Las semillas de la insatisfacción y el compromiso público empiezan así a germinar con mayor fuerza. Desde 2016 cobra mayor ímpetu el proceso que se denomina como la Primavera Latinoamericana. Sus antecedentes inmediatos son las manifestaciones masivas en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y México, en algunos casos para salvaguardar los derechos civiles y políticos, en otros para exigir avances en los derechos económicos, sociales y culturales y en otros más para exigir condiciones mínimas de seguridad, de justicia y de fin a la impunidad. Sin embargo, lo que estalla desde 2016 es de mayores proporciones. Millones de ciudadanos, especialmente jóvenes, salen a las calles de la mayoría de ciudades latinoamericanas convocados en redes sociales con la intención de estremecer los fundamentos del modelo económico y político de cada país. Aflora la insatisfacción generalizada por la falta de legitimidad de las instituciones políticas y judiciales y por las deficiencias y malos manejos en materia de gestión pública. En algunos eventos prima la protesta cívica y en otros las conductas violentas de grupos radicales. Con todo, el impacto de las manifestaciones lleva a que el concepto tradicional de calentamiento global se extienda ahora en América Latina a la idea de calentamiento social. En muchos casos, las calles se llenan de proclamas en contra de los relatos y discursos demagógicos, de la cultura de la confrontación y del círculo vicioso del clientelismo, la corrupción y la impunidad. Son los jóvenes, principalmente, los que se empoderan del malestar a partir de la ausencia de respuestas a sus propias expectativas de desarrollo.

La tensión política a nivel doméstico y regional es inocultable, pero aun así los resultados son insatisfactorios porque las reformas inspiradas en las marchas son insuficientes y no hay un verdadero remezón de las instituciones de poder vigentes. No obstante, la Primavera Latinoamericana es el motor de inicio de una década en la que predomina un mayor empoderamiento ciudadano. El emblema predominante es el de la necesidad de establecer mecanismos para “organizar a los desorganizados” y contrarrestar con mayor vigor la influencia negativa de los Estados cooptados por intereses minoritarios y penetrados por la corrupción o el crimen organizado. Ante la ausencia de un nuevo contrato social implícito que restablezca las relaciones entre ciudadanos e instituciones, se multiplican las organizaciones de la sociedad civil y los individuos cuya actividad pública se circunscribe fuera de los márgenes de la política oficial.

Bajo la convicción aprendida de que las protestas callejeras son un medio que causa mucho estruendo mediático pero que tiene efectos efímeros, múltiples grupos de la sociedad civil se integran y organizan en torno a experimentos recientes o recurrentes de índole agraria, política, empresarial, cultural, vecinal o religiosa que en unos casos buscan interpelar y cuestionar la acción del Estado y en otros pretenden reemplazarla o complementarla a través de soluciones, principalmente a escala local, que trascienden en muchas ocasiones las posibilidades institucionales. Muchos sectores en la región se vuelven indiferentes al debate político, a las contiendas electorales y a las personas que llegan al poder. En efecto, cuentan con cauces de participación y medios de influencia mucho más directos, inmediatos y efectivos que el voto y su acción se produce independientemente de la ideología, color político o desempeño administrativo de los gobernantes de turno.

Con el respaldo de nuevas tecnologías de comunicación y de intercambio de conocimientos, que no se limitan solo al Internet, así como de nodos sociales con una actitud más pragmática y menos ideologizada, surgen nuevos agentes de cambio encarnados en coaliciones cívicas cohesionadas en torno al cumplimiento de sueños comunes y metas específicas que se suman a los ya poderosos movimientos de base existentes para 2015. Se trata de innovaciones que provienen de la sociedad, no del Estado. Hacia 2022, en inmediaciones de un nuevo ciclo electoral, se revela que aproximadamente uno entre tres latinoamericanos forma parte de una de esas coaliciones o colabora activa o pasivamente con su trabajo, siguiendo así una tendencia mundial de activismo que crece a lo largo del planeta y que plantea serios desafíos al poder tradicional. Las encuestas revelan que la inconformidad latinoamericana no es con el sistema democrático en sí mismo sino, más bien, con los partidos que lo representan y con el ejercicio de la política que lo tergiversa y disuelve, engañando usualmente a los ciudadanos menos favorecidos y suscribiendo acuerdos oscuros entre los gobernantes de turno y muchos poderes fácticos.

Para muchos, las instituciones nunca podrán estar a la altura de las expectativas más sofisticadas de la sociedad civil. Solo en algunos casos de países latinoamericanos se registra un remezón institucional causado por la presión popular, pero los que más abundan son casos de reformas específicas generadas por la movilización popular que en algo contribuyen a incrementar la satisfacción de los ciudadanos. Sin embargo, persiste el hastío por la ineficiencia y la corrupción. Ante la imposibilidad de un cambio sistémico en varios países de la región, son los propios ciudadanos los que se echan al hombro algunas causas específicas, sin depender necesariamente de los políticos elegidos en los comicios o de los expertos que influyen en la agenda pública.

La movilización ciudadana a partir de sus diversas redes de trabajo demuestra ser un potente medio para transformar la indignación en acción, convocar a más personas y aportar mayor dinamismo e innovación en la resolución de problemas sociales. En la década de 2020, en varios países de la región subsisten modelos replicables de experimentación democrática, sobre todo a nivel local y regional y ocasionalmente a nivel nacional, en asuntos como la seguridad alimentaria, el desarrollo económico local con nuevas formas de comercialización basadas en modelos de economía sustentable y justa, las nuevas conquistas de derechos de los pueblos indígenas y la democratización de los medios de comunicación. Emergen también nuevos modelos de educación y nuevas formas de producción y diseminación del conocimiento, lo que provoca una transformación en las universidades y en muchos de los tradicionales centros de monopolio del saber. El ideal democrático regional es ahora más flexible y con un tinte mucho más local, y muchas más personas aportan su conocimiento y experiencia en causas específicas de progreso social. Se reproducen así los casos en los que la sociedad civil se organiza para impulsar proyectos productivos, o para ofrecer mejores condiciones de educación y salud a poblaciones vulnerables, o para renovar el entorno urbano, entre otros ejemplos en los que el Estado suele brillar por su ausencia, fragilidad u obsolescencia.

En otros casos, la organización de la sociedad civil permite ejercer el derecho de protesta en forma más inteligente y contundente y librar batallas de inclusión social y oposición al poder tradicional. Se reclama que la relación con las instituciones públicas pase de ser unidireccional a ser bidireccional, porque los ciudadanos cuentan ahora con medios de participación más inmediatos que el voto. A nivel local, por ejemplo, cobra mayor fuerza el modelo de presupuestos participativos y se imponen nuevas formas de veeduría, en las que se ejerce mayor presión para que los gobernantes asuman de lleno la responsabilidad política por el suministro y la calidad de los bienes públicos que la comunidad necesita y demanda. De este modo, los activistas acuden a todos los medios posibles dentro y fuera de Internet, a todos los medios convencionales y alternativos a su alcance, para generar una mayor presión pública y mediática a los poderes fácticos en el sector público y en las empresas y garantizar, en consecuencia, el predominio del interés colectivo sobre el particular.

La región se convierte así en un interesante laboratorio a nivel mundial de movilización pública y se multiplican los ejemplos que demuestran que la gestión pública en algunos casos sí puede ser moldeable según las expectativas ciudadanas. Tanto el Estado como las empresas son interpelados cada vez más. Se declaran algunas batallas en contra de las restricciones a la libertad de expresión, canalizando información independiente y poniendo un altavoz de difusión internacional en boca de voces opositoras. Otras se libran en contra de la corrupción, generando mejores mecanismos de fiscalización y escrutinio público. En países con una deriva autoritaria más marcada, la presión popular acude a todos los mecanismos a su alcance para denunciar y neutralizar los abusos del poder. Incluso en los regímenes con mayores cualidades democráticas, la presión popular consolida en muchos casos su capacidad de impedir la materialización de acciones de gobierno con las que no se está de acuerdo, o de limitar o vetar la influencia de organizaciones como, por ejemplo, las de lobby empresarial cuando actúan en beneficio exclusivo de unos pocos. Las alianzas con múltiples actores son ahora más comunes y a las corporaciones no les queda más remedio que incluir en su agenda las prioridades sociales, sobre todo en materia ambiental. Para muchos, en la América Latina de la segunda década del siglo XXI se vive la democracia en la piel, con una apropiación colectiva de intereses comunes más allá del tradicional esquema representativo y con un seguimiento y control de la gestión de gobiernos y empresas.

La lección primordial que desde entonces reciben los políticos y empresarios es para muchos muy clara: la voz de los ciudadanos importa cada vez más. Los ciudadanos se organizan progresivamente para exigir no solo más desarrollo económico sino sobre todo mayor desarrollo humano. Es ese reciente barómetro del bienestar el que poco a poco determina el éxito o fracaso en la gestión pública latinoamericana. En algunos casos, los gobernantes toman nota del fenómeno. De este modo, la descentralización paulatina del poder, la responsabilidad colectiva en asuntos públicos, la inclusión y el pluralismo son fuentes de inspiración cada vez más reales y sin las que resulta imposible la cabal comprensión de la sociedad latinoamericana en el siglo XXI.

No obstante, no transcurre mucho tiempo para que la movilización pública empiece a mostrar sus propias limitaciones en varios países de la región. Muchos reconocen que los procesos de activismo social sufren de altibajos frecuentes. Los líderes sociales en muchas ocasiones caen bajo la mira de grupos paramilitares o de las propias fuerzas militares de algunos países con una mayor propensión a la represión de la sociedad civil. En unos casos, surgen líderes influyentes que encarnan las reivindicaciones de grupos sociales, al estilo de lo que ha ocurrido en años anteriores en ciertos países europeos. Algunos de ellos forman partidos políticos y participan en elecciones, en varios casos apelando a premisas de tinte populista, pero al llegar al poder adoptan los mismos hábitos y conductas de los políticos tradicionales o se enfrentan a los mismos obstáculos de sus antecesores, lo que genera nuevas frustraciones y cuestionamientos desde algunos sectores por haber sucumbido a la tentación de la “institucionalización”.

Sobre todo, se evidencian cada vez más los límites de trabajar con una estrategia que en muchos países de la región se traza en confrontación directa con el Estado. Los miembros de las redes se percatan de que con los frutos de sus esfuerzos han ganado batallas significativas pero quedan muchos rezagos por remediar. Un balance estadístico a mediados de la década de 2020 demuestra, además, que el activismo social ha sido más efectivo a la hora de asediar, postergar y diluir las acciones estatales que al momento de asumir un compromiso de largo aliento con los problemas más graves de la región. En varios casos, se concluye que la capacidad de acorralar la acción política va en detrimento del propio interés ciudadano. Muchos aprenden que es más fácil ser un medio de oposición que una plataforma con programas definidos, especialmente cuando se tiene en cuenta que buena parte de los ciudadanos proactivos se movilizan más por cuestiones muy delimitadas que los afectan en forma directa y particular, que por una visión general de sociedad y de futuro.

Desde comienzos de 2020 aproximadamente, los latinoamericanos son testigos de cómo ciertas organizaciones de activismo inspiran a algunos grupos con expectativas y valores no siempre democráticos. Son a veces el combustible de partidos extremistas y de ideas populistas, xenófobas o propias del fundamentalismo religioso, entre otros paradigmas cuyo apogeo relativo lamentan los activistas de buenas intenciones. En el debate público aumenta la agresividad y polarización, porque muchas redes de activistas se convierten ante todo en una catarsis para los sentimientos de ira y frustración y para la simplificación de cuestiones públicas, cuyo análisis requiere de un mayor grado de complejidad y de matices. Se reproducen con inusitada frecuencia las ideas nocivas, los mensajes de los falsos expertos y los delirios de líderes populistas, que prometen soluciones irrealizables y atizan el odio a la menor oportunidad. Para muchos, el resultado de lo anterior es, ante todo, el de la trivialización de la política, lo que conlleva que al final no haya un impacto tangible en la renovación democrática o en las mejores condiciones institucionales en muchos países de la región.

De hecho, muchos analistas de estos nuevos fenómenos que cobran cada vez más fuerza en la década de 2020 advierten que las fuerzas sociales, cuando actúan en abierta oposición al Estado, contribuyen en muchos casos a fragmentar el poder, lo que impide llegar a consensos mínimos que son, para una gran mayoría, la única vía posible para reformar las instituciones y garantizar índices crecientes de bienestar y progreso. Se genera así un círculo vicioso de desconfianza mutua e interferencia en la gestión, o incluso de parálisis, que afecta en muchos casos a los habitantes más pobres de la región. Una mala concepción del activismo demuestra en algunos ejemplos en países de la región ser un aliado de la disfuncionalidad administrativa y del estancamiento en el proceso de resolución de los problemas más graves.

A pesar de lo anterior, el empoderamiento ciudadano en América Latina sigue su marcha, y su rol sigue siendo crucial a la hora de preservar el funcionamiento democrático. Al llegar al ciclo electoral de 2026, varios líderes y voceros reconocidos en la región sostienen que, a pesar de la relevancia de la labor cumplida hasta el momento, las innovaciones participativas no pueden por sí solas ofrecer soluciones permanentes a problemas estructurales y que, por ende, jamás podrán reemplazar al Estado. A la vez, señalan que lo que sí pueden conseguir es una redistribución del poder y una alternativa de presión con la capacidad de reforzar la acción de las instituciones públicas, de desplegar reformas estructurales de los partidos políticos y de afianzar el ejercicio democrático de los países en la región, aun con los naturales riesgos de cooptación por parte del Estado. Concluyen, por ello, que la presión social es cada vez más influyente para quienes insisten en cerrar las puertas del poder político a la gran masa de ciudadanos de la región. En los últimos estertores de la década se emprenden por fin, y con grados variables de éxito, algunas reformas a lo largo del continente para ampliar formalmente la participación ciudadana, distanciar los vínculos entre el poder político y el poder económico y reforzar los gobiernos locales desde una perspectiva en la que priman la visión y el interés ciudadanos.

Es a nivel local, precisamente, en donde más ejemplos se encuentran de trabajo conjunto para cerrar distancias entre ciudadanos y Estado, lo que algunos denominan como “Estado-red”. Casos como los de artistas que rediseñan fachadas y barrios en deterioro con el respaldo del gobierno local, o de activistas que logran erradicar la crueldad animal a través de alianzas y de manifestaciones con eco en la opinión pública, o los jóvenes que organizan eventos culturales en contra de la violencia o el machismo con el respaldo estatal, o los de periodistas que fundan nuevos medios comunitarios con financiación estatal parcial pero con estrictas condiciones de independencia, o poblaciones locales que trabajan en interacción público privada para la inclusión plena de los grupos menos favorecidos, o alianzas estratégicas entre Estado y sociedad para garantizar un marco jurídico estable con foco en la sostenibilidad productiva, ética, ambiental y social y con exigencias específicas de seguridad alimentaria, energética y ambiental, son referentes latinoamericanos de innovación cívica y dinamismo que se estudian y emulan en otras ciudades del mundo. También se acumulan experiencias fallidas y eventos de ruptura entre Estado y sociedad que operan igualmente como referentes de la complejidad que se deriva de pasar de las buenas intenciones a resultados sostenibles.

Por eso, el potencial de la presión popular a partir de 2030 se explica especialmente en la creación de alianzas y círculos virtuosos para el desarrollo de una cultura de participación ciudadana estable que acorte las brechas entre una sociedad civil dinámica y sofisticada, una versión 3.0, y un Estado sumido en el letargo de una versión 1.0. Muchos analistas de estos fenómenos concluyen en 2030 que la mutua colaboración y el permanente intercambio de ideas es el único camino para lograr una democracia verdaderamente inclusiva y no una sociedad meramente declamativa. Al filo de una nueva década, los latinoamericanos entienden que la condición para asumir y ejercer el poder necesario para superar los males endémicos de la región es la confianza recíproca, entre ellos mismos y con sus representantes en el Estado, especialmente en momentos en los que las amenazas de la desigualdad, las crisis económicas y el deterioro ambiental están más vivas que nunca.

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