Desde 2015 surgen en varios países de la región movimientos reformistas que alertan que América Latina aún se destaca no solo por tener la distribución de ingresos más inequitativa del mundo sino que también sobresale por la inequidad política. Se basan en muchos estudios que demuestran que, sin perjuicio de la aparición de nuevos actores en la política en los años anteriores, la gran masa de ciudadanos no tiene acceso a las actividades políticas y económicas. En muchos casos son las mismas caras y los mismos apellidos los que siguen ocupando el poder. La informalidad representa un porcentaje abrumadoramente alto de la economía latinoamericana, equivalente a millones de personas que se ganan precariamente la vida fuera de los márgenes de las garantías y los derechos que ofrece el sistema democrático. Muchos afirman que los años de bonanza beneficiaron exclusivamente a las élites económicas de siempre, con lo que se concluye que los latinoamericanos aún no logran conciliar los niveles altos y constantes de desigualdad social con los valores inherentes de la democracia.

Para los movimientos reformistas en la región es claro que existe un estancamiento democrático que impide una redistribución más equitativa de poder y de ingresos. El poder en unos países sigue al servicio de los intereses minoritarios de las tradicionales y poderosas élites políticas y económicas nacionales e internacionales. Por ello, proponen en el nuevo ciclo electoral de 2018 y alrededores superar el estancamiento, cerrar las brechas estructurales entre Estado y sociedad y restaurar la confianza en las instituciones democráticas. En la otra orilla, sin embargo, se agazapan a la defensiva en algunos países ciertos líderes y movimientos políticos que se postulan o tratan de perpetuarse con la intención soterrada de consolidar la reconcentración del poder en la región y neutralizar la democracia desde la propia democracia.

En otros países, el poder lo detentan líderes muy populares que tras romper paradigmas logran avances cuantitativos en materia de reconocimiento de derechos sociales y culturales y, al mismo tiempo, en materia de crecimiento económico e inclusión social. Es un poder que ha generado una ola de entusiasmo que se traduce en la prórroga indefinida de sus mandatos y en la pérdida gradual de los controles y contrapesos que caracterizan al sistema democrático. Para muchos analistas, es un proceso de diversificación de élites representado por líderes con éxitos electorales reiterados y contundentes, pero que afrontan denuncias específicas de restricción a los derechos individuales, lo que les lleva a concluir que en esos países la democracia ha perdurado pero encarnada en la modalidad de un poder unimodal; son democracias en tensión. El desafío de ciertos movimientos reformistas en esos casos es, en cambio, el de la profundización de la democracia a través de la consolidación de una institucionalidad con mayor fortaleza e independencia. En esos términos se libra el combate en el nuevo ciclo electoral de la región en 2018.

La promesa de los nuevos líderes reformistas en dichas contiendas electorales es la de obligar a las élites políticas y económicas a cambiar las reglas de juego para afianzar las instituciones democráticas y concertar una visión compartida de futuro nacional y regional. Aspiran, en consecuencia, a que los partidos tradicionales ingresen a la ola del cambio para recuperar el prestigio perdido. No obstante, las buenas intenciones se estrellan contra la evidencia compartida por muchos latinoamericanos de que los partidos tradicionales o los nuevos líderes sociales han emprendido en abundantes casos un camino sin retorno. Desde antes de 2018 dejaron de ser los intermediarios entre los intereses y las necesidades de los ciudadanos y las acciones y decisiones del gobierno de turno. Desde mucho antes dejaron de ser estructuras que se conformaban con base en una ideología específica. Además, se constata en varios casos que es el propio modelo democrático el que ha impuesto restricciones a reformas significativas. En muchas ocasiones, la posibilidad de emprender reformas depende de alianzas y coaliciones que cobran mayor o menor fuerza según cada país, pero que en todo caso se enfrenta a la dificultad de una normativa institucional que hace muy difícil lograr cambios profundos. Algunos países cuentan con una arquitectura institucional que permite cierto espacio a las reformas, pero otros sufren de una parálisis que proviene del núcleo de su propio sistema político.

En suma, y por diversos factores, para 2018 la política en la región ha dejado de ser un servicio transitorio a la comunidad para ser con más fuerza una forma de ganarse la vida a perpetuidad. Desde hace varios años, los partidos son mayoritariamente maquinarias electorales y, tras la penumbra, grupos de representación de intereses corporativos en muchas ocasiones con apego a operar por fuera de la normatividad o a modificarla a su antojo. Se reconoce que la faceta electoral del sistema democrático funciona mayoritaria y relativamente bien. El dilema para los reformistas, empero, estriba en que el electorado independiente y con criterio propio en la región ya no confía en el sistema político, por lo que se ausenta de las urnas allí donde el sufragio no es obligatorio y prevalece el voto cautivo. El saldo tras la finalización del ciclo de elecciones es desalentador: en algunos casos prosiguen las mismas estructuras excluyentes de poder, en otros se reeligen opciones que para muchos presuponen un retroceso democrático, y solo en casos específicos se opta por la promesa de un salto cualitativo para la política democrática.

A lo largo de la década de 2020 continúa la configuración de un mapa político diferenciado en la región. A la luz de los resultados, muchos en la comunidad internacional se cuestionan si aún no hay un compromiso decidido de los latinoamericanos con un modelo más democrático de sociedad, al menos en su variable liberal, o si los latinoamericanos siguen asociando democracia solo con elecciones. Aducen las encuestas recientes que demuestran un bajo apego por los valores democráticos. Otros, por el contrario, asumen que la soberanía de las fuerzas económicas en cabeza de individuos particulares se incrusta por encima de la soberanía política. Sea como fuere, el ideal democrático en Latinoamérica sigue mayoritariamente en varios países al servicio de intereses particulares, de poderes ocultos, externos o emergentes y de individuos acaudalados e influyentes, gracias a una evidente complicidad entre el gobierno y los poderes fácticos, en muchos casos teñida de corrupción y en varias ocasiones engendrada por el apogeo de actividades ilícitas como el contrabando y el tráfico de drogas.

En algunos países siguen mandando “los de siempre” y en otros llegaron “los que nunca lo hicieron”, pero aun en estos últimos casos la inclusión simbólica y real en la sociedad no cambia de fondo el sentido de polarización. Sin embargo, las características predominantes de la región son los altos niveles de corrupción e impunidad, la persecución política y judicial a la oposición, el debilitamiento de la separación entre Estado y religión y el hostigamiento a la libertad de expresión, entre otros factores de menoscabo democrático en un contexto económico deteriorado que reduce la efectividad de los mecanismos de inclusión social. Por ello, la de 2020 es reconocida en muchos medios de comunicación e informes académicos como la nueva década perdida de América Latina. Las reformas para regular y limitar el ejercicio del poder siguen en el limbo. Las instituciones excluyentes han demostrado así su vocación de permanencia a lo largo de los siglos. A las únicas que sigue beneficiando este panorama es a las élites políticas y económicas.

Un influyente grupo de periodistas independientes de la región se une entre 2020 y 2025 en un esfuerzo conjunto con mucha resonancia a nivel mundial para superar la barrera de las restricciones a la libertad de expresión y sacar a luz los múltiples poderes económicos ocultos de la región, denunciando así lo que denominan como la devaluación, aún mayor que antes, del comportamiento cívico por una parte de quienes ostentan una posición de poder a lo largo de América Latina. Según las investigaciones, se trata de una élite que llega a la cúspide del poder gracias al intervencionismo, la ausencia de competencia y los estrechos nexos con la política y que impone una voracidad cortoplacista enfocada únicamente en las utilidades económicas. En una coalición de medios independientes se exhiben pruebas de cómo esa parte de la élite sostiene y financia cada paso del proceso de reconcentración de poder, promoviendo así sus propios candidatos a las instituciones democráticas e impulsando subsidios, regulaciones, sentencias y decisiones ejecutivas encaminadas solo a su propio beneficio, ligado sobre todo a las industrias extractivas y no a la actividad económica innovadora. En consecuencia, no terminan de cuajar los valores de la responsabilidad social en la mayoría de países y el único paradigma deseable de la acción del Estado es el de la eficiencia económica que continúa profundizando la desigualdad social.

La prensa independiente y algunos movimientos reformistas opositores denuncian así que las decisiones trascendentales para la sociedad provienen en varios casos de los grandes intereses económicos y políticos que, además, no rinden cuentas de sus actos ante los ciudadanos. El poder tradicional procura distorsionar los argumentos con los que se defiende la necesidad de un cambio que fortalezca las instituciones democráticas. Es por lo anterior que le concede tanta importancia al control de los medios de comunicación. En la década de 2020 pululan en América Latina los casos de restricciones a la libertad de expresión. La información que reciben los ciudadanos es considerada por muchos como uniforme y superficial. La Internet sirve en unos casos para unir pero en otros para fragmentar aún más a los ciudadanos. El ejemplo de agresividad e intolerancia política en el debate público salta de las instancias gubernamentales a los medios virtuales.

Son pocos los países de la región que llegan a 2030 con economías más diversificadas y productivas; y a menor productividad, menor integración regional para competir en pie de igualdad con otras regiones del mundo. El sistema de libre mercado no genera aún oportunidades para la mayoría de las personas. Varios países siguen dependiendo de la extracción de recursos naturales, de la exportación de bienes primarios y del consumo interno subsidiado. La regla general es la de un modelo de desarrollo que depende de los factores externos. La región como un todo no es capaz todavía de generar empleos suficientes, y menos aún empleos dignos y de calidad, ni de ser competitiva en el mercado global. No logra atraer suficiente inversión extranjera ni elevar los salarios reales, así como tampoco sacar provecho generalizado de la biodiversidad de la región como ventaja competitiva. Se frustran en varios casos los proyectos para promover la investigación en ciencia y tecnología que contribuyan a impulsar el desarrollo de nuevos medicamentos o nuevas formas de productividad agrícola. Se agravan, además, los problemas ambientales, en perjuicio sobre todo de la población más pobre, que sufre las consecuencias de los cambios en patrones agrícolas, los desastres climáticos, el hambre y la falta de agua potable. El desarrollo de proyectos mineros y petroleros y de tala de bosques sigue afectando buena parte del ecosistema de la región. Varias comunidades rurales y pueblos indígenas incurren en especiales esfuerzos por preservar sus recursos ambientales, pero los resultados exitosos son insuficientes frente a la magnitud del problema.

En tal contexto, otro proceso predominante de varios países de América Latina en los ciclos electorales de 2022 y 2026 sigue siendo el surgimiento o afianzamiento de gobiernos de talante eminentemente autoritario y caudillista, que despiertan al inicio grandes esperanzas en el electorado que los elige. Son gobiernos que suelen invocar la voluntad popular para justificar cada uno de sus actos, que se enmarcan usualmente en términos de mayor igualdad social. Sus líderes gozan de mucho carisma y constantemente invocan una narrativa que les permite forjar una mayor identificación con las clases populares y denunciar las falencias del sistema democrático tradicional.

A su turno, los opositores sostienen que son gobiernos ajenos a cualquier sentido de concertación, o que limitan los consensos a la agenda económica pero no a la política. Declaran que en ellos prima la polarización política y la descalificación del otro sobre el diálogo y la negociación, lo que debilita al máximo el debate público. Alertan que esos gobiernos buscan usualmente moldear las normas a su arbitrio y controlar, tanto el poder legislativo como la administración de justicia, en detrimento de la necesidad democrática de la separación de poderes. Denuncian cómo en ellos predominan los discursos grandilocuentes y el culto a la personalidad ante la ausencia de programas concretos y de mecanismos de rotación efectiva de poder. Adicionalmente, manifiestan que la administración estatal se llena de personas sin el conocimiento, la experiencia y la apertura mental necesarios para una responsabilidad pública. En muchos casos el Estado pierde su capacidad operativa y delega cada vez más la gestión pública en manos privadas. Como no hay controles, concluyen, hay menos mecanismos de veeduría y de prevención de la corrupción. Como tampoco hay garantías, la lucha contra el crimen organizado se libra desde la represión y no desde la prevención. En todo caso, en 2030 América Latina sigue siendo la región más violenta del mundo. Los índices de violencia no recrudecen pero tampoco mejoran: subsisten en un espacio de “normal anormalidad”.

En otros casos, en donde las instituciones son más frágiles y las brechas socioeconómicas más amplias, ni siquiera es necesaria la presencia de un liderazgo caudillista definido para impedir una renovación democrática de raíz. Los mismos resultados en términos políticos se observan desde 2022 en contextos de apatía e indignación generalizados, que derivan en procesos de vacío de poder y de inestabilidad. En algunos países con grandes niveles de descontento se produce un barrido del sistema de partidos tradicional y llegan movimientos electorales exitosos, pero la correspondiente gestión de gobierno deshace las promesas que sostenían al movimiento. Así, se mantienen los poderes estructurales y se deslegitima aún más la política pero por caminos diferentes a los mencionados. Con todo, en la mayoría de casos se profundiza el escepticismo y los ciudadanos se alejan de actividades cívicas y del trabajo en redes organizadas en torno a propósitos comunes. Predomina la desconfianza y la frustración que sumerge a la mayoría en la evasión de los asuntos públicos. Además, en casos específicos llegan al poder fundamentalistas religiosos que buscan extender la injerencia de sus preceptos religiosos en la esfera estatal, lo que supone un retroceso evidente para la vigencia de los derechos ciudadanos.

Al analizar la década de 2020, los medios de comunicación independientes coinciden con los académicos al concluir que no hay una exigencia consistente de la ciudadanía para la planificación sistemática de un mejor porvenir. Algunas tentativas de reforma tributaria para balancear las cargas entre ricos y pobres y trazar mejores políticas redistributivas son abortadas en el proceso legislativo en ciertos países por parte de senadores y representantes, pues atentan contra los intereses de los poderes fácticos. El ritmo de reducción de pobreza y desigualdad que hubo en la primera década del siglo se frena considerablemente. El gasto social se enfoca no como inversión de capital humano a largo plazo sino como medio para mantener satisfecho a un electorado cautivo y dependiente del poder y consolidar un modelo de ciudadanía de baja intensidad. Las grandes ciudades crecen y en algunos casos colapsan por la incapacidad en la gestión pública para proveer elementos básicos como el agua.

En resumen, entre 2015 y 2030 la región como un todo no experimenta avances considerables en materia de pobreza, desigualdad, corrupción y violencia. Lógicamente, la región en 2030 es muy diferente de lo que era en 2015, pero persiste un modelo democrático que difiere en la teoría y en la práctica. La noción de democracia deja de ser en varios países una construcción colectiva permanente y pasa a ser con mayor ímpetu una fachada detrás de la cual se esconde una poderosa plataforma para la defensa de intereses económicos y políticos particulares y en muchos casos ocultos. En contraste, otros países sí exhiben mayores progresos en la ampliación y profundización de los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, se cuestiona que el entusiasmo generado por esos avances haya derivado paradójicamente en una debilitación de ciertos elementos constitutivos de la democracia como la alternancia en el poder y la independencia de los poderes públicos.

Como se ha mencionado, también se conforman nuevos espacios de resistencia entre 2020 y 2030 que revisten de nuevo dinamismo el debate público al oponerse de lleno al modelo de ciudadanía coercionada, condicionada y clientelar. Son grupos para los que la lógica del poder tradicional no tiene por qué ser la camisa de fuerza que siempre ha sido. En distintos países de la región se conforman movimientos populares y de jóvenes que provocan movilizaciones para interpelar al poder. Incluso han logrado revertir, bloquear o posponer decisiones que afectan derechos y libertades. Otros grupos que reflejan la diversidad de la sociedad civil al tratar de reivindicar las identidades étnicas, de género y de orientación sexual cobran mayor relevancia, sobre todo en los casos en los que se diluyen las barreras entre la acción pública y las creencias religiosas. Se consolida así cierto margen de influencia para, al menos, asediar la toma de decisiones y acorralar algunos procesos en contra de intereses ciudadanos. Varios sectores de la sociedad civil se confabulan para usar al máximo las posibilidades de las herramientas tecnológicas en defensa de causas comunes o para difundir información fidedigna a través de radios comunitarias y sitios independientes de Internet. Sin embargo, esos esfuerzos no son suficientes: el impulso de cambio no alcanza para ejecutar estrategias de transición democrática que supongan un salto cualitativo.

Al llegar a 2030, los medios de comunicación más importantes del mundo coinciden en que no hay mucho que celebrar en lo que respecta al progreso de los elementos constitutivos de la democracia en América Latina. Por supuesto, hay diferencias entre países y, sobre todo, al interior de cada país. Con todo, la nota predominante para los principales medios del mundo es la ausencia de un adecuado equilibrio en el ejercicio del poder, o de la interacción equilibrada entre políticos, empresarios y líderes de la sociedad civil. Según ellos, no hay roles complementarios y definidos, sino un esquema de preservación de instituciones extractivas que cierra las puertas de la inclusión política, económica y social a la mayoría de ciudadanos. Las encuestas a latinoamericanos corroboran que persiste baja confianza en la política y un déficit democrático crónico en la región que genera altos niveles de insatisfacción.

No solo los medios internacionales sino muchos analistas y académicos latinoamericanos afirman que la democracia de la región en 2030, en efecto, es ante todo un rótulo bajo el que se disfraza el ejercicio de la política a las órdenes de intereses particulares de una estrecha élite de origen histórico o reciente, que prevalece a expensas del grueso de la ciudadanía. Los límites al ejercicio del poder son difusos, así como exigua es la distribución pluralista del poder al interior de la sociedad. La opinión mayoritaria es que las posibilidades colectivas de cambio y transformación en materia de justicia social, productividad económica, sostenibilidad ambiental y, en general, de ampliación de derechos y de garantías, siguen paralizadas en una importante proporción de la región, cuyos ciudadanos aprenden paulatinamente a rechazar de plano la política. Por eso, alertan que América Latina continúa sumida en el subdesarrollo democrático, sin importar que las expectativas y el potencial para su desarrollo sean mucho mayores. Así, para muchos, 2030 cierra una nueva década de oportunidades perdidas y frustraciones generalizadas para los latinoamericanos.

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