Trama

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2015

2020

2022

2028

2030

Resumen del escenario

En este escenario, América Latina experimenta una demanda generalizada para el replanteamiento de las instituciones democráticas que permita superar progresivamente los problemas estructurales más apremiantes y lograr una mayor inserción de la región en el mapa global. Cada país de la región debe lidiar con una realidad en la que la adaptación a las oportunidades y los desafíos de la globalización en sus múltiples vertientes, impone mayor presión para concertar reformas institucionales que tiendan a mejorar la calidad de la democracia y a incrementar la satisfacción de los ciudadanos y el cumplimiento de sus aspiraciones. De este modo, en un número creciente de países se generan las condiciones para que sean las propias instituciones las que promuevan transformaciones de largo aliento en áreas críticas en las que antes predominaban los intereses particulares. Los resultados son dispares según cada país de la región, pero resulta evidente la demanda generalizada por un nuevo modelo de democracia más pragmático que supere los límites de los esquemas tradicionales. En ese contexto, algunos países demuestran que sí es posible superar gradualmente ciertas inercias estructurales que hasta ahora habían impedido reducir la desigualdad y la violencia y así lograr que las organizaciones fundamentales del Estado representen de forma genuina los intereses de una sociedad diversa. Es el escenario del fortalecimiento de la democracia en la región y de la innovación institucional.

Características

Estructura de poder

Escenario de la redistribución del poder.

Instituciones democráticas y cultura política

Se busca revalorizar la política y mejorar la capacidad de gobernar con mayor eficiencia y transparencia a partir de reformas estructurales con miras en la profundización del ejercicio de derechos ciudadanos, de los mecanismos institucionales de participación social y del fortalecimiento del sistema democrático a través de mayor inclusión y pluralismo.

Participación ciudadana

Mayores incentivos, mejores mecanismos de participación y mayor énfasis en la educación ciudadana para la reconstrucción de una ética civil llevan a la conformación creciente de un electorado más exigente y con mayores niveles de participación en los esquemas tradicionales de representación y a una colaboración generalizada entre sociedad y Estado.

Desarrollo económico e inclusión social

Predominio de modelos alternativos de desarrollo sostenible y de políticas redistributivas más efectivas para superar los desafíos estructurales de pobreza y desigualdad con mayor productividad y mejores salarios.

Integración regional

Agrupamiento afianzado de varios países en bloques comerciales y políticos que insertan con mayor fuerza a la región en el mapa global.

Desde 2015, la desaceleración económica llega acompañada de un ciclo ininterrumpido de denuncia ante múltiples casos de corrupción en varios países de la región. Algunos de los gobiernos elegidos o reelegidos en el ciclo electoral de 2014 y alrededores, se ven envueltos en escándalos de corrupción y extralimitación de poder que rebasan la paciencia de los electores. Se destapan nuevas evidencias de malversación de fondos de empresas estatales. Se difunden más pruebas de saqueo al erario sobre recursos destinados a obras públicas e inversión social, así como de conflictos de intereses. Se ventilan nuevos casos de abusos del poder ejecutivo sobre jueces y congresistas que ponen en vilo los sistemas de controles y contrapesos. Se divulgan otros casos de transgresiones a la ley por parte de poderosos empresarios que quedan en la impunidad gracias a sus conexiones con el poder político. Se difuminan en algunas partes los diques de contención que separan al Estado de la injerencia religiosa. Arrecian los ataques de algunos mandatarios sobre la libertad de expresión. Otros formulan nuevas estrategias democráticas solo en la apariencia para mantenerse más tiempo en el poder. Y otros, a nivel regional y local, demuestran su permanente connivencia con el crimen organizado, lo que incluso lleva a que se repitan las desapariciones y los asesinatos de personas incómodas al gobierno. En otros casos, gobernantes con un mayor compromiso con la transparencia llegan a una debacle de descrédito porque no han podido materializar en la realidad las aspiraciones políticas y sociales propuestas en campaña. Mientras tanto, se presentan preocupantes retrocesos en los índices de pobreza y desigualdad, que comprueban la fragilidad de los avances logrados hasta el momento. Es la clase media, en particular, la que experimenta un declive en sus niveles de vida.

Diversos estudios y encuestas demuestran que el desprestigio de las instituciones democráticas y el deterioro de la confianza política entre la ciudadanía es quizá el síndrome que con mayor fuerza se esparce a lo largo del territorio latinoamericano. Señalan que los partidos políticos han sido debilitados y cooptados por poderes fácticos y su impopularidad sigue creciendo. A los ciudadanos les cuesta cada vez más identificar a muchos de los partidos existentes en la región con una plataforma política específica que sirva de intermediación ideológica entre los candidatos propuestos y el porcentaje de la sociedad que los elige. La caída de la participación electoral es, entre otros, un rasgo reiterativo que socava la legitimidad de los gobiernos a nivel nacional y local.

El resultado es el de una región que se caracteriza por un agotamiento notorio del ciclo político vigente y por un hastío inocultable hacia la corrupción, el abuso del poder, la impunidad y la polarización, especialmente de parte de una clase media emergente que acumula al mismo tiempo aspiraciones más sofisticadas y mayores frustraciones pues muchas de sus demandas políticas no han sido satisfechas. A ello se suma un contexto de escasez que difiere en buena medida de la bonanza que se vivió en años anteriores. Por eso, con el advenimiento de un nuevo ciclo de elecciones, alrededor de 2018, emergen distintos tipos de reacciones ante la indignación ciudadana con un denominador común: ya no resulta tolerable para un gran porcentaje de la ciudadanía latinoamericana que las instituciones democráticas de la región sucumban ante la ausencia de transparencia y la imposibilidad de brindar respuestas efectivas a retos inaplazables, especialmente a los que se relacionan con la desigualdad y la inseguridad. La indignación de siempre lleva ahora a una mayor politización de la ciudadanía y la indiferencia de antes se convierte gradualmente en una mayor participación en el debate político y un mayor compromiso con los asuntos públicos. El rechazo a la corrupción y a la inoperancia del Estado pasa del estado pasivo al activo. Así como en siglos y décadas anteriores se generó una conciencia que califica como inaceptable sin ningún atenuante, la esclavitud o la discriminación por cuestiones de raza, género o etnia ahora empieza a germinar una nueva conciencia en la que resulta inaceptable no contar con instituciones democráticas sólidas, transparentes y a la medida de los retos que plantea el siglo XXI.

Desde el seno de la clase media y de los movimientos civiles, que una y otra vez han demostrado ser el principal motor de cambio en la historia de la región, se exige a la política y a la administración pública un piso mínimo de transparencia y eficiencia para alcanzar diversos fines sociales. La demanda por una evolución en las democracias de la región en varios países proviene en muchos casos de jóvenes y mujeres, que rompen así las cadenas subsistentes en sociedades ancestralmente patriarcales, y de pueblos indígenas, afrodescendientes y población LGTBI, que se erigen en motores del cambio al derrotar la discriminación a través de masivas campañas de ideas y propuestas en defensa del avance material y el progreso moral como fines de la acción pública en un contexto garantista de los derechos de los ciudadanos. Se trata, pues, de un creciente electorado, mayoritariamente urbano, más exigente y capacitado en las virtudes cívicas y en las posibilidades de la tecnología.

Lo anterior lleva al surgimiento en ese nuevo ciclo político en un proceso cuya nota predominante en algunos casos es la formulación de propuestas que canalizan las demandas ciudadanas y que buscan forjar una visión compartida de futuro en medio de la diversidad a través de un nuevo paradigma institucional que provee mecanismos más efectivos de participación. Surgen con mayor fuerza algunas opciones políticas, encarnadas en personas ajenas a las intrigas tradicionales del poder, que renuevan el funcionamiento de los partidos tradicionales o que establecen nuevos partidos y movimientos políticos. Las metas trazadas son claras: exigir a las élites políticas y económicas tradicionales cambiar las reglas de juego para afianzar las instituciones democráticas, incentivar la reconstrucción de una ética civil más extendida y mejorar la capacidad de gobernar. Con este impulso, algunos partidos tradicionales ingresan en la era de cambio para recuperar su prestigio y valorizar de nuevo el ejercicio de la política, recobrando poco a poco la capacidad de movilizar e inspirar a sus votantes a partir de ciertas creencias compartidas. Ello supone una bocanada de aire fresco para la renovación institucional y se rompe gradualmente el círculo vicioso de polarización política y estancamiento administrativo. A través de la prédica con el ejemplo y de mayores y mejores instrumentos de fiscalización, en varios casos se reduce poco a poco la tolerancia cultural hacia la corrupción. Además, la incorporación transversal de la dimensión de género se revela como una garantía para el mejor funcionamiento del Estado y de las instituciones. Se promueve así el cambio y la reforma desde las instituciones a través de una hoja de ruta deliberada más allá de las coyunturas electorales para sacar adelante reformas específicas orientadas especialmente a la resolución de los principales desafíos estructurales de la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y, en muchos casos, la impunidad. Los analistas destacan que todo ello supone un cambio abrupto con respecto a la tendencia generalizada en la región de promulgar soluciones artificiales, inmediatas e improvisadas que la condenan al atraso. El cambio, concluyen, exige grandes dosis de constancia y optimismo. Lamentan, no obstante, que la evolución se materialice solo en algunos casos, y que en otros no haya signos visibles de cambio efectivo para el fortalecimiento de la democracia.

Muchas de las reformas propuestas, además de reforzar el equilibrio entre poderes, se orientan a cambiar el funcionamiento de los partidos, que se enmarcarían ahora en un contexto normativo y cultural que los concibe más como voceros legítimos de los intereses de la sociedad que como maquinarias electorales. Además, se busca apuntalar la acción efectiva del gobierno mejorando su capacidad de ejecución. La prioridad declarada es la de tener Estados más funcionales y mejores políticas públicas al servicio del bien común y no de intereses particulares. Se parte de la premisa de que el Estado debe representar efectivamente a los ciudadanos y canalizar debidamente las demandas concretas de los distintos sectores de la población. En esa medida, en varios países se implementan innovaciones en materia de deliberación y participación ciudadana que tienden a corregir en lo posible los vacíos y las carencias de la democracia representativa tradicional, pero sin alterar sus bases conceptuales. La idea es lograr un adecuado balance entre la representación y una participación que no sea antagónica a la figura estatal sino que, por el contrario, se ejerza dentro del marco institucional vigente.

Se promueve, en consecuencia, un amplio conjunto de innovaciones para fomentar una mayor participación de los ciudadanos en las decisiones políticas como las reformas al sistema de partidos políticos o al sistema electoral, que incluyen medidas para que los migrantes sean reconocidos como ciudadanos de pleno derecho y a los que se les facilita mucho más su participación electoral a distancia. Se trata de innovaciones que provienen del Estado, no de la sociedad. De este modo, desde 2018 se registra el lento viraje de algunos países latinoamericanos hacia un nuevo marco institucional más inclusivo y a tono con la realidad global. Las reglas de juego empiezan a cambiar a favor de la inclusión, la ciudadanía activa y la productividad. De hecho, muchos denominan la década de 2020 como la de la nueva ola reformista en América Latina para una profunda renovación de la democracia. Sus resultados, sin embargo, varían de un lugar a otro: en algunos países el talante reformista se traduce en una renovación institucional; en otros solo se materializan transformaciones parciales; y en otros más, las buenas intenciones naufragan ante las presiones de los grupos de poder tradicionales. En los casos que se resaltan como positivos, lo que se percibe es la maduración de un modelo más pragmático de democracia, en el que no hay un predominio claro de los elementos de representación y participación, sino la continuación y afianzamiento de diversos experimentos de interacción entre el Estado y la sociedad civil para concebir y ejecutar exitosamente, tanto las reformas estructurales de diverso tipo como las políticas públicas a nivel nacional y local.

Las innovaciones también se materializan en el ámbito educativo, bajo la certeza compartida de que se trata de la palanca más igualitaria que existe. Los progresos en la región han sido relevantes pero insuficientes en términos comparativos con el contexto mundial. Por eso, hay países en los que se unen partidos políticos, empresarios, sociedad civil y sindicatos para mejorar la calidad de la educación que está al alcance de todos, no solo de los más privilegiados, y ofrecer así mejores herramientas para sobresalir en la era de la información, la tecnología y el conocimiento. Al llegar un nuevo ciclo electoral en 2022 y cercanías, resulta patente en varios países que existe una voluntad política que reconoce a la educación pública, gratuita, laica y de calidad, con énfasis en la formación cívica, el empoderamiento político y el emprendimiento económico, como una prioridad de Estado a largo plazo. Se priorizan los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para invertir en capital humano y apoyar una cultura emprendedora como eje vital de la generación de empleo, la innovación, el crecimiento económico, la disminución de la pobreza y la productividad a largo plazo.

Aunque los frutos de tales esfuerzos solo son visibles al cabo de una generación aproximadamente, y los resultados de diversas pruebas educativas muestran avances aún incipientes a lo largo de la década de 2020, para el 2025 la región se precia como mínimo de haber erradicado del todo el analfabetismo y de haber conseguido avances notables, tanto en formación técnica y vocacional como en educación científica y humanística. La educación es ahora, en un alentador número de países, el eje rector desde el que se vertebran todas las políticas asociadas con el desarrollo, la inclusión, la innovación y la democratización de la sociedad. También hay excepciones en las que se registran retrocesos de toda índole en vez de avances. Como algunos países similares han logrado notables progresos, estas excepciones resultan aún más notorias en el contexto regional.

Por otra parte, las reformas estructurales buscan forjar sociedades más seguras. La mayor concertación entre distintos países con problemas comunes en la región desde 2018 permite ejercer una inocultable presión en la comunidad internacional para promover cambios sucesivos a lo largo de la década de 2020 en la legislación vigente en materia de narcotráfico. En algunos casos puntuales, las aproximaciones alternativas al consumo de drogas en la región permiten lograr un mayor control del microtráfico y, por consiguiente, reducir uno de los generadores de la delincuencia. En todo caso, se gesta un sólido acuerdo generalizado entre líderes políticos de la región con base en la idea de que la mejor forma de enfrentar el crimen organizado es a través de la vigencia del Estado de Derecho y no a través de las políticas de “mano dura” que llevarían a un retroceso en las garantías democráticas que con tanto trabajo se han construido en toda América Latina. Para 2026, el centro de la lucha contra el crimen en la región oscila alrededor de los principios de la prevención, la inclusión social, las reformas de las fuerzas armadas, policía y sistema judicial, el acceso igualitario a una justicia pronta y eficiente y la coerción legítima del Estado dentro de los parámetros legales y constitucionales. Algunos países con gran experiencia en esta lucha se constituyen como guías, colaboradores y consejeros permanentes, fortaleciendo así los canales de cooperación regional horizontal en la materia.

Las dimensiones del paulatino avance democrático en la región que se experimenta en buena parte de sus países desde 2018 no se limitan solo a la política. Para muchos líderes políticos, es en la economía en donde está el eje central de la acción democrática en la actualidad. La caída de los precios de los productos básicos de exportación, con los que tanto se lucraron muchas economías emergentes latinoamericanas a comienzos de siglo, lleva a muchas fuerzas políticas y civiles a respaldar reformas de distinto calado bajo la premisa que la única forma de aspirar a una prosperidad sostenible que permita garantizar una vida digna acorde con los valores democráticos es a través de mayor crecimiento, mayor productividad, mayor innovación y mayor equidad. En varios países latinoamericanos crece cada vez más el número de personas en todas las esferas de la sociedad a favor de la diversificación del modelo económico, y pregonan la idea de que el progreso ya no puede depender de otros países, menos en una nueva realidad multipolar. La globalización se posiciona progresivamente más como una oportunidad que como una amenaza en la deliberación pública latinoamericana.

Del mismo modo, los mercados y los inversionistas sienten mayor atracción por las ventajas que ofrecen la diversidad y la estabilidad de la región. En algunos países, de hecho, se produce una especie de reconciliación con la presencia y el rol de los empresarios, que requiere dejar de lado ciertas posturas ideológicas contrarias al sector privado. Se reconoce con mayor frecuencia que el rol de los empresarios es imprescindible y que sin ellos resulta imposible superar el umbral que divide al mundo desarrollado del subdesarrollado. También se reconoce con mayor asiduidad el valioso rol que cumplen los migrantes a países fuera de la región o entre países, cuyas remesas son vitales para el desarrollo y cuyos conocimientos y destrezas son indispensables para la diversificación de la economía.

El ciclo de reformas en la región lleva así a la consolidación de instituciones que demandan una mayor responsabilidad empresarial. En la mayoría de casos refuerzan la igualdad de oportunidades y al mismo tiempo estimulan la actividad económica innovadora y la inversión en nuevas tecnologías. Ante todo, y en parte gracias a nuevas leyes antimonopolio, pretenden evitar la concentración de ingresos y poder en pocas manos que ha sido tradicional en la región. Se busca que el crecimiento económico beneficie a la gran masa de ciudadanos y no solo a unos pocos privilegiados. Las nuevas tendencias exigen sustituir el apego a los monopolios, subsidios y prebendas estatales y la avidez de las utilidades a corto plazo o rentas de cualquier tipo, por una gestión en la que los valores de la responsabilidad corporativa estén al alza y los resultados sociales y ambientales tengan un peso similar al de los económicos. Varios empresarios, a quienes les caracteriza desde hace varias décadas su compromiso con el progreso de la región, ya han dado ejemplo en ciertos países al demostrar cómo una operación sostenible garantiza una mejor acogida de sus productos y servicios en los mercados internacionales. En contraste, otras grandes empresas siguen ancladas en el viejo modelo de depredación ambiental, de vulneración de los derechos laborales e injerencia indebida en las instituciones del Estado y de compadrazgo con algunos de sus representantes. Demuestran así su indiferencia ante la ola reformista que atraviesa toda la región. Esas empresas eventualmente son castigadas por los consumidores nacionales e internacionales.

En ciertos países, a su turno, el sector público asume de lleno su responsabilidad con políticas estables para mejorar las condiciones de seguridad jurídica, infraestructura y logística, atraer mayor inversión extranjera, reducir la “tramitomanía”, invertir más en investigación, ciencia y tecnología, aumentar la oferta y la calidad de toda suerte de bienes públicos y, en forma prioritaria, extender la democratización de la sociedad impulsando con mayor vigor las pymes, en lo que constituye una nueva ola de globalización en la que el emprendimiento y la formalización de la actividad productiva es la base. De este modo, cobra cada vez más fuerza en la región desde 2018 un proyecto común de economía mixta, solidaria y sostenible en el que las empresas y los gobiernos asumen roles complementarios y fines compartidos de eficiencia económica y justicia social.

La institucionalidad renovada logra que América Latina tenga en la década de 2020 un nuevo posicionamiento económico en un contexto global de crecimientos mediocres en el mejor de los casos y de retorno de crisis desestabilizadoras en el peor. Al interior de la región las condiciones son propicias para dar pasos ambiciosos hacia la integración que llevan, por ejemplo, a que en 2030 un número creciente de empresas compitan en pie de igualdad mundial con productos de alto valor agregado cuyos componentes son elaborados en varios países latinoamericanos en cadenas de valor complementadas a lo largo y ancho del continente americano. Para 2030, de hecho, se difuminan las fronteras profesionales para los jóvenes latinoamericanos, cuyos títulos universitarios son reconocidos no solo en un país de origen sino en la mayoría de países de la región y que expanden su horizonte laboral por la simplificación de los trámites para los permisos de trabajo. Lo propio ocurre al exterior de la región: en 2030 América Latina ha logrado una inserción más efectiva en el contexto global, especialmente con China y la región asiática, gracias a los avances en alianzas comerciales que permiten homologar normas técnicas, armonizar normas tributarias, facilitar la llegada de inversión extranjera y flexibilizar cada vez más la circulación de personas, capitales, bienes y servicios. La región aprende a ejercer un contrapeso efectivo que incide en su mayor relevancia geopolítica. Es ahora una región que brilla por las oportunidades que le brinda las características de su demografía, pues, en relación con otros espacios geográficos en el mundo, América Latina es un continente de millones de jóvenes en edad productiva, que alberga a una próspera clase media, que presenta mejores indicadores en derechos humanos y que influye positivamente en el incremento de los niveles de cooperación recíproca internacional.

Adicionalmente, es una región que resulta vital para garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental del mundo. El progresivo posicionamiento económico proviene en buena parte de las reformas institucionales como de la inversión en investigación, tecnología y desarrollo agrícola para contribuir al incremento de la productividad y la sostenibilidad de la agricultura, que es para 2030 un núcleo esencial de los modelos de desarrollo sostenible. Finalmente empieza a cobrar forma la idea de una región que se erige en la despensa alimentaria del mundo gracias al oportuno aprovechamiento de sus cuantiosos recursos naturales. Lo que la naturaleza le ofrece gratuitamente a la región es ahora un elemento crucial para su crecimiento y desarrollo. En varios casos, las reformas institucionales se enfocan en conjugar la prosperidad colectiva con la sostenibilidad medioambiental, bajo la conciencia de que el futuro de la humanidad está en manos de los países con altos índices de biodiversidad. El mundo reclama, cada vez con mayor voracidad, los bienes y servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas privilegiados de la región, como agua dulce, maderas, fibras y medicinas. Se crean así, en varios países de la región, empleos de buena calidad a través del biocomercio sostenible o de la inversión en proyectos de turismo ecológico, entre otros.

Todo lo anterior guarda un nexo directo con uno de los aspectos que más acapara la atención mundial en el siglo XXI: la desigualdad. Se registra en términos generales un mayor financiamiento de las políticas sociales que combaten la desigualdad y la pobreza y promueven el empleo calificado. Además del firme compromiso con la educación pública como vía prioritaria de movilidad social, existe un consenso manifiesto en varios países latinoamericanos para llevar a cabo reformas de ampliación de la base tributaria, de reducción a los impuestos directos que pagan todos por igual, de aumento en los gravámenes a las mayores rentas y, en suma, de la concepción de un modelo más progresivo, en consonancia con la mayor conciencia de los derechos sociales que ha ido calando en la población del continente. Es una forma propicia que encuentran algunos gobiernos específicos para persistir en las políticas redistributivas y para afianzar una estructura estatal que esté a la altura de los desafíos pendientes. Otros modelos de gobernanza, en cambio, persisten en la estructura impositiva tradicional o fracasan a la hora de implantar reformas en tal sentido ante la presión ejercida por algunos sectores.

Otra prioridad institucional evidente es la lucha contra la discriminación. Entre las demandas de cambio más habituales se incluye frecuentemente la necesidad de garantizar una efectiva ciudadanía democrática, lo que exige reforzar la separación de las políticas públicas, los currículos educativos y la administración pública de la religión. Surge así en algunas partes un influyente movimiento laicista, que une a varios creyentes y ateos por igual, por la defensa incondicional de la libertad religiosa pero solo en los límites estrictos de la esfera individual y privada. También exige un mayor énfasis en esfuerzos pluralistas para superar progresivamente la desigualdad de género y promover la participación activa de las mujeres. Así, las agendas feministas para demandar mejores salarios o desterrar símbolos patriarcales anclados en el pasado, entre otros, suman nuevos adeptos al constatar que las reivindicaciones de género son una de las mejores vías de reivindicar la ciudadanía democrática para todos los grupos sociales. En 2030, un grupo mayoritario de los gobiernos, las empresas y las entidades sociales en la región está integrado y comandado por un porcentaje mayor de mujeres, quienes gozan ahora de mejores condiciones laborales y sociales y quienes persisten así en la lucha por seguir posicionando sus pretensiones como un pilar fundamental de la ola reformista que se inauguró en la pasada década.

Este replanteamiento democrático en la región conduce a que en la mayoría de países se comparta una hoja de ruta colectiva y un norte común democrático y urbano. Sin embargo, y como se ha señalado previamente, el balance al llegar 2030 es para muchos agridulce, porque los resultados son dispares según cada país. En algunos casos se produce un salto cualitativo de desarrollo, progreso y equidad en el breve lapso de 15 años. Permanecen algunos rezagos pero los avances logrados no tienen precedentes en ningún otro momento de la historia. Hay algunas excepciones en las que se materializan unas reformas pero otras quedan inconclusas debido a que los plazos de negociación se sobreponen a la urgencia de la ejecución. En ciertos casos, las buenas intenciones sucumben en gran parte ante una precaria realidad presupuestaria que impide garantizar derechos básicos y un ejercicio pleno de la democracia ciudadana.

Sucede también en algunos países que la élite se resiste con todas sus fuerzas a los cambios propuestos. Incluso, en casos minoritarios, en 2022 y 2026 y alrededores llegan al poder caudillos con una clara tendencia a reprimir la protesta social y la libertad de prensa y a atajar los ánimos reformistas que corren por toda la región, o fundamentalistas religiosos que imponen sus propias creencias a las tendencias progresistas que inspira este ciclo reformista.

Varios de los líderes políticos de mayor protagonismo en esta década reconocen que no existen éxitos absolutos en el empinado camino ascendente de progreso democrático, pedagogía cívica y en el difícil paso de la tolerancia a la convivencia. La característica general que se vive día a día en la región es la del predominio creciente de una visión que sustituye la cultura de la polarización para fundir en un mismo ideal la profundización de la democracia, la regeneración de la política y el crecimiento incluyente y sostenible de la economía, más allá de los intereses mezquinos y de la tendencia al cortoplacismo. Se forma lentamente una nueva generación que se aleja de los liderazgos personalistas, caudillistas, mesiánicos, patriarcales y autoritarios y valora profundamente la democracia, las libertades individuales, el pluralismo político, la libertad de expresión, la rotación en el poder y la deliberación pública. La mayor certeza y la más relevante enseñanza que se expresa en las nuevas cumbres de integración regional es que el futuro de América Latina es prometedor siempre y cuando siga siendo una construcción de nuevas generaciones en la que prima la voluntad colectiva y el bienestar común.

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